Algunos candidatos presidenciales han planteado la necesidad de un impuesto a los súper ricos dado lo que consideran como excesiva concentración de la riqueza. Esto consistiría en gravar con mayores contribuciones a las principales fortunas del país. Discrepo de la premisa tras esta propuesta, pero creo que en democracia todo es discutible y esto no es una excepción.
Lo que no es conversable bajo ningún punto de vista es que la inflación, que ya está instalada y probablemente nos acompañe por un periodo largo, es de facto un impuesto a los súper pobres.
Quienes menos ganan no verán aumentar sus salarios con la rapidez con las que les sube el costo de la vida. Estamos viendo las notas de los matinales en televisión que registran el aumento de bienes de primera necesidad como los alimentos y combustibles. “¡Esto está muy caro!”, dicen permanentemente los entrevistados en ferias y almacenes con cara de angustia.
Y no es para menos. La mayor liquidez producto de una serie de factores como los retiros previsionales por ley y las ayudas directas del gobierno, desembocan en mayor consumo y, por ende, una mayor presión sobre los stocks de los productos.
También hay una dimensión externa del asunto debido a que la cadena global de suministros se ha visto gravemente afectada por la pandemia, impactando en la oferta y presionando al alza los precios de diversos bienes e insumos que se transportan por vía marítima. Esta se conoce como la crisis de los contenedores.
Para los súper ricos, el efecto de un nuevo gravamen será marginal. Ellos tienen los recursos para contratar expertos que les optimizarán el pago de impuestos o derechamente sacarán sus capitales de Chile, cosa que ya está ocurriendo. El restante 90 por ciento del país, en cambio, no puede hacer nada para evitar el impacto de la inflación. Este es un problema de economía política básico, y por eso más de 120 académicos de distintos sectores llamaron a frenar el cuarto retiro que se discute por estos días en el Senado.
